Desde mediados de noviembre, los residentes del estado insular del sudeste asiático tienen claro que el largo brazo de la ley en Singapur se extenderá mucho más en el futuro. El gobierno introdujo dos leyes en el parlamento: una exige que los vecinos argumentados acudan a la oficina estatal de mediación. Por otro lado, el Estado quiere proteger a sus ciudadanos del creciente e en línea, bloqueando todas las cuentas de las víctimas, no las de los perpetradores, durante un máximo de seis meses y prohibiendo también todas las demás transacciones financieras.
