Entre las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump en la Oficina Oval el día de la toma de posesión se encuentra una que pone fin a la ciudadanía por nacimiento.
Sin embargo, se espera que tal medida enfrente importantes obstáculos legales.
Según la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, cualquier persona nacida dentro del territorio de los EE. UU. es ciudadano estadounidense.
Cuando un periodista señaló que esa orden probablemente sería impugnada, Trump dijo: “Podría tener razón”.
“Tenemos buenos motivos”, añadió.
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En una llamada con periodistas el lunes por la mañana, los funcionarios entrantes de la Casa Blanca adelantaron una serie de órdenes ejecutivas y otras acciones que la nueva administración Trump planeaba tomar en relación con la frontera y la inmigración.
“Protegeremos al pueblo estadounidense contra la invasión”, dijo uno de los funcionarios entrantes. “Se trata de seguridad nacional. Se trata de seguridad pública. Y se trata de las víctimas de algunos de los criminales más violentos y abusivos que hemos visto entrar a nuestro país en nuestras vidas. Y esto termina hoy”.
Entre las acciones ejecutivas descritas, los funcionarios entrantes dijeron que Trump declararía una emergencia nacional en la frontera y aclararía el papel del ejército en “proteger la integridad territorial de Estados Unidos”.
Las órdenes restablecerían la política de “Permanecer en México”, pondrían fin a la práctica de “Capturar y Liberar” y completarían la construcción del muro en la frontera sur, dijeron los funcionarios.
Designarían a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras, pondrían fin a la posibilidad de que los migrantes atrapados entre los puertos de entrada soliciten asilo y suspenderían el reasentamiento de refugiados durante al menos cuatro meses, dijeron.
Los funcionarios también dijeron que Trump ordenaría “mejorar la investigación de antecedentes” de los inmigrantes y ordenaría a las agencias que proporcionen recomendaciones para suspender la entrada de inmigrantes de “países de especial preocupación”.
También crearía grupos de trabajo de Seguridad Nacional para atacar a pandilleros y criminales indocumentados, y restauraría la pena de muerte cuando un agente de la ley es asesinado por un migrante indocumentado, dijeron funcionarios.
Si bien uno de los funcionarios entrantes dijo que la llamada era una “vista previa” de las “acciones que se tomarán hoy”, no quedó claro en la llamada que todas las órdenes se ejecutarían el lunes. Además, muchos de los planes requerirían ayuda de socios internacionales como México y casi con seguridad provocarían batallas legales.
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